Lima, feb. 06 (ANDINA). La imposición de la denominada “muerte civil” ayudará a que los sentenciados por corrupción cumplan con el pago de las reparaciones civiles, afirmó el exprocurador José Ugaz.
Ex procurador ad hoc para los casos Fujimori-Montesinos, José Ugaz. Foto: ANDINA/archivo
Indicó que la aplicación de una medida de este tipo resulta razonable y compatible con los principios de la legislación penal, pues se evitará que las sentencias a los corruptos sean solo simbólicas.
Señaló que este tipo de interdicción tiene sentido, sobretodo cuando existe incumplimiento por parte de los condenados, y recordó que todas las condenas penales traen aparejado algún tipo de inhabilitación civil.
"Creo que sería bastante razonable que se imponga como un requisito (la muerte civil), a efectos de poder lograr que se cumpla con el pago de las reparaciones, porque si no, las sentencias terminan siendo simbólicas", declaró a la Agencia Andina.
La “muerte civil” implica que un sentenciado que no paga sus reparaciones estará sujeto al embargo de sus bienes o será declarado insolvente ante los organismos correspondientes, lo que le impedirá suscribir contratos, abrir cuentas, acceder a créditos o realizar transacciones comerciales.
Según informó días atrás el ministro de Justicia, Juan Jiménez, de los mil millones de soles en reparaciones que tiene el Estado por cobrar, solo se ha pagado seis millones de soles.
De otro lado, el exprocurador del caso Fujimori-Montesinos dijo que se deben hacer todos los esfuerzos para repatriar los millones de dólares sustraídos por la corrupción de la década del 90, y que se encuentran depositados en cuentas secretas del exterior.
Opinó que lamentablemente en los últimos años “ha habido una inacción para poder por lo menos terminar lo que ya estaba identificado y congelado”.
Asimismo, subrayó la necesidad de hacer una auditoría sobre el verdadero monto a recuperar, pues cuando se desempeñó como procurador, se estimaba que el monto global de la corrupción estaba entre los 500 y 600 millones, de los cuales en ese periodo de pudo recuperar la mitad, pero ahora se habla de 900 millones.
De otro lado, lamentó los problemas internos en la comisión legislativa que investiga al gobierno anterior, y recomendó reorientar sus esfuerzos a un ámbito de investigación más concreto, “porque no se puede trabajar con un horizonte tan amplio de temas”.
“Se tendría que definir las dudas de aquellos integrantes que se sospecha o se sabe, en algunos casos, tienen vinculaciones directas con los investigados”, anotó.
ANDINA
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