El fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, consideró ayer que el fallo emitido días atrás por el Tribunal Constitucional (TC), declarando inconstitucional la ordenanza que declara inviable el proyecto minero Conga, sienta un precedente para futuras actitudes similares que puedan adoptar nuestras autoridades, atribuyéndose funciones que no les corresponde.
Opinó que resoluciones de esta naturaleza van a frenar pronunciamientos unilaterales por parte de algunos gobiernos regionales que no tienen facultades para esta acciones, toda vez que solo al Gobierno Central le corresponde ejecutar la política general de minería en el país.
“En un Estado de Derecho todas las instituciones tienen funciones específicas y no se puede estar invadiendo los fueros que la Constitución confiere (…) la ordenanza del gobierno de Cajamarca rebasaba sus facultades y violaba las del Gobierno Central”, dijo el máximo representante del Ministerio Público en el programa de radio “Los Fiscales”.
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